El autor desarrolla una justificación del papel protagónico del Estado como coordinador de una política pública de promoción del libro y la lectura, basada en las ideas de desarrollo integral y derechos humanos. Esto ha obligado a los gobiernos democráticos a involucrarse en el desarrollo cultural. Luego de una revisión del institucionalismo chileno y del desempeño del Estado en esta materia, el autor muestra las fortalezas y brechas que inciden en la sostenibilidad de esta política.